Por un Futuro Justo: Decimos Sí
La propuesta de plebiscito sobre la seguridad social en Uruguay ha generado un debate profundo sobre el futuro de nuestras jubilaciones y pensiones.
A través de un análisis crítico, es esencial comprender los elementos que componen esta iniciativa y sus implicancias para la sociedad.
Propuestas Principales
El plebiscito se articula en torno a tres propuestas centrales que buscan restituir y mejorar el sistema de seguridad social:
- Reducción de la edad de Jubilación: Se propone que la edad para acceder a la jubilación común sea a los 60 años, siempre y cuando se cuente con 30 años de servicio. Esta medida no solo alivia la carga de trabajo sobre los mayores, sino que también abre espacio en el mercado laboral para los jóvenes, promoviendo una mayor justicia social y solidaridad entre generaciones.
Equiparación de Jubilaciones y Pensiones Mínimas con el Salario Mínimo: La propuesta busca que las jubilaciones y pensiones mínimas se alineen con el salario mínimo, garantizando un ingreso digno para aquellos que han dedicado su vida al trabajo. Esta medida es un paso necesario para reducir la pobreza en los hogares más vulnerables.
Eliminación del Régimen de AFAPs y Reintegro de Fondos al BPS: Se plantea la eliminación de las AFAPs, transfiriendo los fondos acumulados al Banco de Previsión Social (BPS). Esta medida busca eliminar el lucro privado en la administración de las pensiones, asegurando que todos los aportes de los trabajadores estén bajo la administración pública.
Fundamentación del "Sí" en el Plebiscito
Las razones para respaldar estas propuestas son evidentes y sólidas. Apoyamos esta iniciativa porque consideramos que es tanto justo como esencial. Creemos firmemente que los recursos están disponibles, siempre que exista un compromiso político real para gravar al capital.
Estamos convencidos de que el lucro no debe prevalecer sobre el bienestar social. Es imperativo que los trabajadores y sus familias sean priorizados en cualquier política de seguridad social.
La Seguridad Social como Derecho Humano
La seguridad social es un derecho humano fundamental, y como tal, debe ser universal, integral y solidaria, bajo la responsabilidad del Estado y alejada del lucro privado. Las reformas aplicadas en las últimas décadas han tendido a perjudicar a los trabajadores, recortando derechos y beneficios en un contexto donde la productividad del trabajo ha aumentado.
Desde 1979, que se eliminó el aguinaldo en pasividades y redujo la tasa de reemplazo, hasta la Ley 16713 de 1995 que implementó el régimen mixto BPS-AFAP, se ha evidenciado un proceso continuo de privatización y precarización de la seguridad social. La reciente Ley 20130 de 2023 profundiza esta tendencia, aumentando la edad jubilatoria y obligando a todos los trabajadores a participar en un sistema de ahorro privado que reduce sus beneficios.
El Mito del Déficit y el Vaciamiento del BPS
Uno de los argumentos principales para justificar la reforma de 2023 es el supuesto déficit del sistema de seguridad social. Sin embargo, este déficit es el resultado de un vaciamiento sistemático de los recursos del BPS, que incluye la reducción de los aportes patronales, la evasión fiscal y las exoneraciones a los grandes capitalistas.
Antes de 1996, el 27% de la masa salarial se destinaba al BPS. Hoy, esa cifra ha bajado al 15%, producto de reformas que han beneficiado a los sectores más privilegiados a expensas de los trabajadores. La evasión del trabajo informal representa una pérdida de 430 millones de dólares, mientras que las exoneraciones a los grandes capitalistas alcanzan los 7000 millones de dólares, lo que evidencia que el problema no es la falta de recursos, sino su distribución.
Confiscación y Lucro en el Sistema de AFAPs
El sistema de AFAPs representa una confiscación de los aportes de los trabajadores, quienes son obligados a entregar parte de sus salarios a estas entidades privadas. A pesar de los elevados costos en comisiones y seguros, más del 60% de los jubilados por las AFAPs reciben menos de 2000 pesos por mes, una cifra que está lejos de ser suficiente para vivir dignamente.
El Estado, a través del BPS, transfiere anualmente 1500 millones de dólares a las AFAPs, un dinero que podría utilizarse para mejorar las pensiones mínimas y garantizar una vida digna para todos los jubilados. Esta situación plantea una pregunta fundamental: ¿quién confisca a quién en este sistema? Mientras el Estado garantiza las jubilaciones a través del BPS, también es responsable de cubrir las pérdidas del sistema de AFAPs, beneficiando a las entidades financieras a costa del bienestar de los trabajadores.
Financiamiento de la Reforma Constitucional
El financiamiento de la reforma constitucional que se plebiscita se basa en principios de justicia social y equidad. La eliminación de las AFAPs permitiría reintegrar al BPS los 22.000 millones de dólares acumulados por estas administradoras, dinero que sería gestionado de manera pública y transparente, sin gastos de comisiones y sin exposición a las fluctuaciones del mercado financiero.
Además, la eliminación de las transferencias anuales a las AFAPs liberaría 1500 millones de dólares que podrían ser reinvertidos en la seguridad social, mejorando las condiciones de vida de cientos de miles de uruguayos. El desafío es claro: debemos definir si queremos seguir sosteniendo las ganancias de los bancos y los inversores o si tomamos medidas para garantizar la justicia social para todos.